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La navegación en el Río Paraná enfrenta nuevos desafíos con la reciente bajante, que ha dejado a cinco embarcaciones varadas debido a calados que superan los límites seguros. La Prefectura Naval Argentina, ante la disminución del nivel del agua, ha establecido un calado máximo de 8,88 metros para la navegación. Sin embargo, al menos cinco barcos cargados con un calado de 10 metros se encuentran en espera, una situación que recuerda a los picos de bajante registrados en 2019.

La región, acostumbrada a lidiar con las fluctuaciones climáticas, se enfrenta una vez más a obstáculos que afectan el desenvolvimiento de la industria agroexportadora. Si bien el año pasado fue marcado por una sequía récord, que llevó a una capacidad ociosa en las plantas de más del 75%, en años anteriores, la bajante del Río Paraná obligó a los puertos a cargar los buques por debajo de su capacidad, forzando a completar las cargas en puertos como Quequén o Bahía Blanca.

La repentina disminución del nivel del río, con una caída de más de 20 centímetros por día, ha dejado a estos cinco barcos en una situación comprometida. Con calados excedidos, ahora esperan instrucciones para zarpar aguas abajo, o en el peor de los casos, se enfrentan a la costosa maniobra de descargar parte de su mercadería para reducir su peso y así poder navegar con seguridad. Un barco con un calado de carga de 10 metros podría tener que descargar cerca de 8.500 toneladas para ajustarse a las regulaciones.

Las consecuencias económicas de esta situación se extienden por toda la región, especialmente afectando a actividades vinculadas a la exportación, donde los ingresos se calculan en base a tonelaje. Un ejemplo notable es el impacto en los estibadores, representados por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

Estos trabajadores, cuyos ingresos dependen de jornales diarios en lugar de un salario mensual, se ven directamente afectados por la disminución en la actividad portuaria. La incertidumbre sobre la cantidad de toneladas a embarcar repercute en la distribución de jornales, dejando a los trabajadores a merced de la suerte o las condiciones climáticas. Un cambio hacia un régimen de empleo mensualizado garantizaría ingresos estables y la posibilidad de capacitación para los empleados, lo que beneficiaría tanto a los trabajadores como a las empresas en el largo plazo.

Esta situación subraya la necesidad de abordar los desafíos estructurales que enfrenta la industria de la navegación en la región, así como la importancia de políticas que fomenten la estabilidad laboral y económica en tiempos de crisis climáticas.