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La Comisión Bicameral de Acuerdos tratará en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe el proyecto que busca sancionar a jueces y fiscales que beneficien a presos con prisión domiciliaria.

El senador Lisandro Enrico presentó ante la Comisión Bicameral de Acuerdos el pedido de sanción para un Fiscal de Rosario por haber permitido la salida de un peligroso delincuente a través de una prisión domiciliaria, mientras que paralelamente la Procuración de la Corte avanza en la investigación a dos Jueces por el mismo hecho.

Los cargos presentados por Enrico fueron contra el fiscal Adrián Spelta en un proceso disciplinario abierto por la Comisión Bicameral de acuerdos de la Legislatura, y por otra parte, la Corte Suprema revisa fallos de los jueces Hernán Potsma y Gustavo Pérez Urrecha en el mismo caso en el que se autorizó la salida del penal donde dos imputados cumplían una medida de prisión preventiva.

De este modo, el senador provincial explicó que viene promoviendo una investigación hacia el fiscal de homicidios de Rosario, Adrián Spelta, por haber otorgado una prisión domiciliaria a un peligroso delincuente de la ciudad de Rosario, Emanuel “Pimpi” Sandoval, quien después fuera acribillado en ese mismo domicilio.
Sandoval era el único condenado del ataque a balazos que sufrió en su vivienda particular Antonio Bonfatti mientras gobernaba la provincia de Santa Fe.

Enrico encabeza un fuerte reclamo contra todos los casos en los que jueces le otorgan a peligrosos delincuentes o personas que tienen que estar en cárceles, beneficios para estar en sus casas.

Al respecto, Enrico manifestó: “Nos preocupa esta situación que se da en la justicia santafesina. Estamos promoviendo a nivel de la Legislatura este procedimiento y siguiendo de cerca lo que la Corte Suprema realice sobre todas las conductas de juezas y jueces que, violando la ley en su letra y en su espíritu permiten que personas que deberían estar presas hoy estén en la calle. Directamente vinculamos esta clase de fallos judiciales con los momentos de inseguridad y de violencia que nos toca vivir en la provincia. Son situaciones de impunidad que atentan contra la seguridad de la población y disminuyen el nivel de vida que merecemos los santafesinos, porque muchos delincuentes que hoy deberían estar con privación de libertad – como lo establece la ley-, terminan siendo beneficiados por el criterio de jueces, juezas y fiscales”.

Según lo establece el Código Penal, son limitadas las razones por la cual una persona tiene que estar en prisión preventiva o cumpliendo la pena en su casa. Se concede ese beneficio cuando se trata de condenas a personas mayores de 70 años, madres con hijos de menos de 5 años o enfermedad terminal.

“Las prisiones domiciliarias otorgadas en Santa Fe son motivo de investigación justamente por haber sido distorsionadas en su aplicación en beneficio de los delincuentes cuando había una clara reforma hecha por la Legislatura para restringir estos supuestos que algunos operadores del sistema penal están incumpliendo ”, finalizó Enrico.