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Desregulación de obras sociales: ¿qué significa y cómo impactará?

El Gobierno implementa cambios en las obras sociales, permitiendo libre elección entre ellas y prepagas

El reciente decreto 170/2024, publicado en el Boletín Oficial, marca un hito en la historia de las obras sociales en Argentina. Este decreto, que desregula el sistema, permite a los trabajadores elegir entre una obra social sindical o una prepaga sin intermediación, a partir del primero de marzo y desde el inicio de su contrato laboral. Este cambio, parte del mega DNU presentado por el presidente Javier Milei en diciembre, busca otorgar mayor libertad de elección y transparencia en el sistema de salud.

La reglamentación del DNU 70/23, que impulsa estos cambios, representa una prioridad para el gobierno, evidenciando su compromiso con la reforma del sistema de salud. A partir de ahora, los afiliados titulares de las obras sociales podrán ejercer su derecho a la libre elección, sin estar sujetos a un período mínimo de permanencia. Esta medida apunta a terminar con las llamadas “cajas negras” de las obras sociales, asegurando que los aportes del Estado se destinen efectivamente a la atención médica de los beneficiarios.

El proceso de implementación de estos cambios involucra a diversos organismos, como la Administración Federal De Ingresos Públicos y la Superintendencia De Servicios De Salud, quienes liderarán el proceso de transición hacia un sistema más liberalizado. Las prepagas, por su parte, deberán adherirse expresamente al sistema y registrar sus planes en un registro especial para captar directamente los aportes de los afiliados.

Sin embargo, la desregulación de las obras sociales también plantea desafíos y preocupaciones. Por un lado, se espera que este cambio genere una mayor competencia entre las entidades de salud, lo que podría mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.

Por otro lado, existen temores sobre la posible fragmentación del sistema de salud y el aumento de la desigualdad en el acceso a la atención médica. Además, se plantea la necesidad de garantizar que todas las entidades, tanto obras sociales como prepagas, cumplan con los estándares de cobertura médica obligatoria y no discriminen a los afiliados por motivos no contemplados en la ley.

Imágenes por: cortesia