La EPE deberá debatir futuros aumentos en audiencias públicas
Tal como ocurre con el servicios de aguas, se pretende reducir el margen de discrecionalidad de la distribuidora eléctrica. ¿Para cuándo un nuevo marco regulatorio?
La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley que establece la realiza de audiencias públicas previo a cada modificación del cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
El proyecto del senador del Departamento Las Colonias, Rubén Pirola, modifica la ley 10.014 (Estatuto Orgánico de la EPE) con el fin de reconocer la obligación de las audiencias públicas en materia de modificaciones tarifarias.
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados. Se deberán establecer estudios, análisis e informes sobre las estructuras de costos y tarifas que permitan proponer y adoptar medidas para lograr mayor eficiencia y calidad de servicio a los usuarios y mejorar la distribución de los costos internos de distribución, con criterios de equidad.
Esas comisiones técnicas transitorias o permanentes deberán garantizar la mayor participación en el debate por las tarifas de los sectores de la sociedad, usuarios o asociaciones de usuarios, especialistas, entidades representativas de sectores productivos, universidades, institutos especializados o grupos de investigación afines a las temáticas de la energía y organismos públicos.
Pirola dijo que es conveniente modificar el Estatuto de la EPE para fijar la audiencia pública como requisito previo ineludible para modificar la tarifa eléctrica.
En 2013, el concejal Jorge Boasso propuso una iniciativa que también consideraba la posibilidad de constituir una Dirección Municipal de Energía, ante la inexistencia de un marco regulatorio provincial que prevea mecanismos de control y participación ciudadana en lo relativo a la prestación del servicio público de energía eléctrica.
En 2015, la gestión socialista en Santa Fe propuso trabajar en un consenso que permita la elaboración de un marco regulatorio. La intención era redactar un reglamento de usuarios, transparentar el cálculo tarifario y establecer derechos y obligaciones para la EPE.
El fin último era establecer pautas para que el servicio eléctrico tenga un control de calidad.
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