La Justicia aseguró que la red de inmobiliarias Remax es ilícita y ordenó su disolución
La IGJ determinó que la compra, venta y alquiler de propiedades a través de franquicias es una actividad ilegal
La Inspección General de Justicia (IGJ) decidió que la red de franquicias inmobiliarias Remax es ilícita y ordenó la inmediata disolución y liquidación de la empresa. Hizo lugar a un reclamo del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires.
La IGJ, que se encarga de registrar y fiscalizar sociedades comerciales, lo hizo oficial a través de una resolución que firmó su titular, Ricardo Nissen.
De esta forma, Remax Argentina no podrá continuar operando en el país y, en consecuencia, deberá iniciar su proceso judicial de disolución y liquidación.
En la resolución de 23 páginas, la IGJ alegó que Remax Argentina S.R.L. se constituyó por parte de Sebastián Sosa y su esposa, Dorothy Peñate, para tener la franquicia principal de Re/Max International y, a partir de allí, subfranquiciarla a agentes y corredores inmobiliarios.
En consecuencia, la IGJ entiende que la entidad estadounidense “ejerce indirectamente el corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de Remax Argentina S.R.L., participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los números subfranquiciados, más allá de que esas participaciones pudieran aparecer ficticiamente calificadas como regalías o concepto similar, contributivo del uso de la marca Remax”.
“La exteriorización de la marca Remax por parte de esas subfranquiciadas genera en favor de éstas la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, lo que las beneficia en base a una publicidad engañosa, que, a su vez, beneficia a la franquiciante, permitiéndole participar indirectamente de una operatoria que no podría realizar por sí misma, en forma directa”, agrega la resolución.
La red local de Remax en Argentina tiene más de 150 oficinas en 42 ciudades del país.
Además, destaca que Sosa y su mujer no son agentes inmobiliarios, ni el objeto de Remax Argentina S.R.L. es ejercer esa actividad.
“La Ley 20.266, reformada por la Ley 25.028, establece para el ejercicio de las actividades de remate o corretaje en la República Argentina, entre otras exigencias, como condición habilitante de la inscripción en una matrícula especial en la jurisdicción correspondiente, la de que las personas humanas que se propongan realizar tales actividades cuenten con un título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes”, finalizó el texto.
LA RESPUESTA DE LA EMPRESA
Por su parte, Remax Argentina emitió un comunicado tras conocerse la resolución de la IGJ.
“Rechazamos enfáticamente el contenido de la denuncia frente a la IGJ. La misma es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max. Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario”, aseguraron.
“Esta acción promovida por el Colegio de Corredores de la ciudad de Buenos Aires es una más de las tantas embestidas de los cuerpos colegiados contra una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados”, agregaron en el texto.
Por último, detallaron que “este accionar evidencia la clara intencionalidad de los colegios, que sin importar el contexto de pandemia, buscan afectar la fuente de ingresos de más de cinco mil familias vinculadas con esta red de inmobiliarias presente en todo el país”.
Imágenes por: Remax
