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El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, impulsará la creación de una comisión investigadora por la denuncia de corrupción contra los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad.

“Desde el Frente Progresista queremos apoyar y acompañar la tarea que está llevando adelante el MPA y a los fiscales que pusieron en marcha este proceso y que son un orgullo para los santafesinos por la valentía y el coraje con que llevan estas y otras causas vinculadas a los delitos más resonantes ocurridos en los últimos años”, sostuvo Lifschitz al anunciar la propuesta.

El exgobernador de Santa Fe instó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas “a que convoque a la brevedad, tal como lo solicitó la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, una sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la moción de suspensión por 180 días del fiscal Ponce Asahad”, aprobada el día lunes.

El titular de Diputados propondrá la creación de una comisión investigadora para que se investigue a fondo y de manera exhaustiva todos los elementos que existen en la causa iniciada por el MPA, agregar otros y colaborar con los fiscales.

Lifschitz también se refirió a la transformación que supuso la implementación del nuevo código procesal en la provincia de Santa Fe en 2014 y consideró que “la creación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa, luego de varios años de discusión de las leyes y procedimientos; y de la selección de jueces, fiscales y defensores, representó un extraordinario avance en materia de justicia penal”.

“Son muy pocas las provincias argentinas que han avanzado en la modernización de la justicia penal y a nivel nacional todavía no se pudo poner en marcha el sistema acusatorio, que está pendiente desde hace muchos años”, remarcó.

“Durante los gobiernos del Frente Progresista –rememoró Lifschitz- no solo se avanzó en la consolidación de dicho sistema, sino en la puesta en marcha del Organismo de Investigaciones del MPA, un cuerpo profesional de investigadores que depende directamente de las fiscalías y que permitió avanzar sobre las principales organizaciones delictivas que operaban en el territorio santafesino”.

“También en este caso ha permitido echar luz sobre un hecho de presunta corrupción cometido por un fiscal de grado y un fiscal regional que estarían involucrados en maniobras de extorsión y exacciones ilegales a un pseudo empresario del juego ilegal u otras actividades”, valoró.