Media sanción al proyecto de acceso a la información pública en Santa Fe
Establece mecanismos de transparencia en los actos de gobierno y fue aprobada en Diputados
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Establece mecanismos de transparencia en los actos de gobierno y fue aprobada en Diputados
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley para garantizar el derecho al libre acceso a la información pública y promover la transparencia activa en los órganos del Estado.
La iniciativa sintetizó tres proyectos en el mismo sentido presentados por la legisladora Clara García (Socialistas-FPCYS) y los legisladores Gabriel Real (PDP-FPCYS) y Rubén Giustiniani (Igualdad).
La propuesta establece principios fundamentales en materia de transparencia, garantizando el derecho de todas las personas a solicitar, acceder y recibir información del Estado sin necesidad de precisar los motivos, y obliga a proporcionarla de forma gratuita y accesible.
Exige al Estado que fije mecanismos de transparencia activa: publicar una serie de informaciones mínimas sobre temas trascendentes, normas, autoridades, remuneraciones, licitaciones, movimientos presupuestarios, auditorías, trámites y sentencias.
Prevé dar mayor apertura a los procesos administrativos y brindar capacitación a quienes deben garantizar la información pública, incluyendo sanciones para quienes, teniendo la obligación, incumplan lo estipulado por la norma.
“La transparencia es siempre indispensable en la gestión pública, y más aún cuando en situaciones de emergencia como la que estamos atravesando, muchas compras y contrataciones se hacen de manera directa, o con procedimientos abreviados, sin licitaciones ni publicaciones en el boletín oficial. Hoy la tecnología permite acceder a información virtual, completa y detallada, dando aún más herramientas para hacer efectiva la transparencia”, destacó la diputada Clara García.
Además de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, están incluidos los organismos o entes de la Administración Pública; las municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las comunas; la Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado, entre otras.
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