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El centenario edificio que se encuentra en crítica situación edilicia representa, no sólo un alto costo de mantenimiento para el Estado, sino que pone trabas al desarrollo y renovación de esa zona de la ciudad
La Cámara de Diputados de la provincia tienen desde 2012 un proyecto por el cual se desafecta del dominio público provincial y se autoriza a proceder a la venta del inmueble que abarca la manzana ubicada entre las calles Zeballos, Riccheri, Montevideo y Suipacha en el que funciona actualmente la Unidad de Detención Nº 3 en Rosario.
El predio tiene varias posibilidades, sean asumidas por inversores privados en forma exclusiva, previa aprobación y con la directa fiscalización de la Autoridad Pública.
Con una superficie de 12.600 m2, el proyecto plantea que el Poder Ejecutivo acordará con la Municipalidad de Rosario un Plan Especial de usos, alturas y factor de ocupación del suelo.
En el lugar funciona la Cárcel de Mujeres de Rosario, que debe cerrar definitivamente sus puertas tras 130 años de historia.
Entre las posibilidades está ofrecer el predio a un privado para la construcción de un centro comercial y a cambio, éste invertir en la relocalización del centro de detención.
El diputado de Juntos por el Cambio, Julián Galdeano, planteó la necesidad de avanzar con la relocalización del edificio penitenciario y puesta en valor del espacio urbano.
Galdeano recalcó que ya en 2012 presentó un proyecto de ley para la reconversión urbanística de la zona, que incluía la relocalización de la unidad penitenciaria a través de la construcción de un nuevo penal en otra ubicación a convenir.
“La reconversión urbanística de la zona donde actualmente está emplazada la Unidad III es una asignatura pendiente para los estados provincial y municipal, e incluso figura en el Plan Estratégico de la ciudad. La falta de resoluciones muestra una vez más la poca velocidad del Estado para abordar situaciones que requieren de una respuesta”, indicó.
El centenario edificio que se encuentra en crítica situación edilicia representa, no sólo un alto costo de mantenimiento para el Estado, sino que pone trabas al desarrollo y renovación de esa zona de la ciudad por su escala, altura, opacidad y destino, siendo una barrera física, funcional y expresivamente negadora de urbanidad. Además, continúa presentando un riesgo crónico para los vecinos debido a la actividad propia del establecimiento, que tiene en su haber más de un intento de fuga y hechos violentos en los últimos años.
Imágenes por: Cortesía Apple Maps
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